«Si elegimos a los mismos políticos
Frase atribuida a Sukant Ratnakar.
corruptos de siempre, ese es un mensaje
muy claro de que no queremos un cambio».
Años de observación y análisis del proceder de las autoridades estatales en Baja California ante los embates del crimen organizado me han permitido desarrollar diversas formas de lectura de los hechos. Por ello, comparto con ustedes mis conclusiones.
La omisión del Estado en el combate legal al crimen organizado merma su autoridad formal y deslegitima el ejercicio del poder. Esa debilidad institucional fomenta la impunidad, la ineptitud y la corrupción, vicios que a su vez minimizan aún más el respaldo ciudadano. En consecuencia, un régimen despojado de legitimidad queda expuesto a ser desplazado del poder, ya sea por las urnas, las armas o la resistencia civil.
Debido a lo anterior, la frase de Sukant Ratnakar adquiere mayor fuerza que nunca, especialmente en tiempos electorales, no solo en la entidad, sino en todo México.
La diferencia fundamental entre un Estado fallido y un Estado cooptado radica en el origen y la naturaleza de la pérdida de control institucional. Mientras que en el primero las instituciones colapsan por incapacidad o ausencia de poder, en el segundo las instituciones continúan operando, pero están secuestradas para servir a intereses particulares.
Un Estado fallido es aquel que ha perdido el monopolio legítimo de la fuerza y la capacidad básica para gobernar su territorio y proveer bienes públicos esenciales a su población (seguridad, justicia, salud, educación); por otra parte, un Estado cooptado (o bajo captura institucional) es aquel cuyas instituciones formales siguen funcionando y manteniéndose en pie, pero sus decisiones, leyes y políticas públicas han sido secuestradas por élites (económicas, políticas o criminales) para su propio beneficio particular en detrimento del interés general.
Mientras que, en el Estado fallido el gobierno pierde el control efectivo sobre partes de su territorio, las cuales quedan a merced de actores armados ilegales, crimen organizado, guerrillas o señores de la guerra, en el Estado cooptado no hay un vacío de poder ni un colapso; por el contrario, el Estado es muy fuerte, pero opera como un instrumento al servicio de redes de corrupción o grupos de poder fáctico. En otras palabras, en el primero el gobierno es una víctima más de los poderes fácticos y, en el segundo, el gobierno es un cómplice más dentro del engranaje.
Lejos de la confrontación permanente entre el Estado y los cárteles, la sociología política identifica la creación de pactos estructurales de subordinación. Las corporaciones policiales y de procuración de justicia dejan de operar bajo la lógica del orden público y se convierten en redes que otorgan impunidad. Al respecto, Valdés Castellanos señala que:
«El auge del narcotráfico y su infiltración en las estructuras gubernamentales no respondieron a una ausencia del Estado, sino a un pacto histórico de subordinación política y regulación de rentas ilícitas». (Valdés Castellanos, 2013)
Asimismo, Smith argumenta que:
«La supervivencia y expansión de las organizaciones criminales dependen directamente del contubernio con gobernadores, policías locales, mandos militares y agencias federales, configurando esquemas donde el aparato estatal provee impunidad a cambio de beneficios económicos». (Smith, 2022)
De igual forma, las instituciones estatales sufren una mutación donde la administración formal se mantiene, pero sus funciones reales sirven a intereses corporativos ilegales. Sobre este fenómeno, Garay Salamanca y Salcedo-Albarán explican que:
«Las redes criminales penetran las esferas de decisión mediante la cooptación, colusión e infiltración, generando una mutación institucional donde las leyes, los presupuestos y las fuerzas del orden operan formalmente bajo el derecho público, pero materialmente sirven a intereses corporativos ilegales». (Garay Salamanca & Salcedo-Albarán, 2012)
Complementariamente, Vázquez Valencia define este proceso indicando que:
«La captura del Estado es un proceso en el cual actores políticos y grupos del crimen organizado vacían de contenido la democracia formal, convirtiendo a las instituciones en instrumentos de impunidad estructural que bloquean investigaciones contra operadores fácticos y persiguen de manera facciosa a los competidores». (Vázquez Valencia, 2019)
En el ámbito regional, el Estado pierde el monopolio legítimo de la fuerza, dando paso a esquemas donde las organizaciones delictivas fungen como autoridades fácticas. Marroquín Pineda sostiene que:
«Los grupos del crimen organizado establecen regímenes de gobernanza criminal para cooptar al Estado, convirtiéndose en árbitros locales de un orden coactivo fundamentado en el miedo y la simulación institucional». (Marroquín Pineda, 2025)
En la misma línea, Flores Pérez documenta que:
«La connivencia entre mandos de seguridad y estructuras criminales se normaliza de forma sistémica, convirtiendo a las agencias de orden público en protectoras de los circuitos financieros y operativos de la criminalidad» (Flores Pérez, 2013)
Desde la sociología política y la psicología social, se ha demostrado que, ante la ausencia de protección estatal, las poblaciones asumen los pactos delictivos de forma pragmática. Hernández Morales et al. exponen que:
«Ante la debilidad crónica de las instituciones y la ausencia de protección estatal, las poblaciones locales desarrollan un apoyo pragmático o tolerancia hacia los pactos político-delictivos, asumiéndolos como una vía de supervivencia y orden cotidiano». (Hernández Morales et al., 2025)
Las dinámicas de cooptación y simbiosis entre las autoridades estatales y las estructuras delictivas se sustentan teóricamente en las siguientes dimensiones documentadas por la literatura especializada:
Simbiosis institucional y redes de protección históricas: Las corporaciones policiales y de procuración de justicia dejan de operar bajo la lógica del orden público para convertirse en redes de complicidad. Al respecto, Guillermo Valdés Castellanos señala que:
«El auge del narcotráfico y su infiltración en las estructuras gubernamentales no respondieron a una ausencia del Estado, sino a un pacto histórico de subordinación política y regulación de rentas ilícitas». (Valdés Castellanos, 2013). Complementariamente, Benjamin T. Smith documenta que: «La supervivencia y expansión de las organizaciones criminales dependen directamente del contubernio con gobernadores, policías locales, mandos militares y agencias federales, configurando esquemas donde el aparato estatal provee impunidad a cambio de beneficios económicos». (Smith, 2022)
Captura y reconfiguración del aparato público: Las instituciones sufren una cooptación sistémica donde la administración formal se conserva, pero sus recursos y leyes sirven a intereses corporativos ilegales. Luis Jorge Garay Salamanca y Eduardo Salcedo-Albarán explican que:
«Las redes criminales penetran las esferas de decisión mediante la cooptación, colusión e infiltración, generando una mutación institucional donde las leyes, los presupuestos y las fuerzas del orden operan formalmente bajo el derecho público, pero materialmente sirven a intereses corporativos ilegales». (Garay Salamanca & Salcedo-Albarán). Por su parte, Luis Daniel Vázquez Valencia define este proceso indicando que: «La captura del Estado es un proceso en el cual actores políticos y grupos del crimen organizado vacían de contenido la democracia formal, convirtiendo a las instituciones en instrumentos de impunidad estructural que bloquean investigaciones contra operadores fácticos y persiguen de manera facciosa a los competidores». (Vázquez Valencia, 2019)
Gobernanza criminal territorial: Ante la pérdida del monopolio legítimo de la fuerza, los grupos delictivos fungen como autoridades fácticas. Teresa Isabel Marroquín Pineda sostiene que:
«Los grupos del crimen organizado establecen regímenes de gobernanza criminal para cooptar al Estado, convirtiéndose en árbitros locales de un orden coactivo fundamentado en el miedo y la simulación institucional». (Marroquín Pineda, 2025). Esto se complementa con los hallazgos de Carlos Antonio Flores Pérez, quien expone que: «La connivencia entre mandos de seguridad y estructuras criminales se normaliza de forma sistémica, convirtiendo a las agencias de orden público en protectoras de los circuitos financieros y operativos de la criminalidad». (Flores Pérez, 2013)
Baja California ilustra de manera paradigmática este fenómeno debido a su ubicación geoeconómica fronteriza (colindante con California y con salida marítima hacia el Pacífico), convirtiéndose en la plataforma logística global más lucrativa para el trasiego de fentanilo y metanfetaminas.
Debido a los multimillonarios intereses de este corredor transfronterizo, las organizaciones criminales exigen redes de protección institucional incrustadas en aduanas y corporaciones locales. Informes de seguridad pública e investigaciones periodísticas locales (como las publicadas históricamente por el Semanario ZETA) han documentado cómo la designación de mandos encargados de la procuración de justicia responde frecuentemente a incentivos de impunidad selectiva, donde las fiscalías archivan carpetas de investigación contra operadores clave. En el plano territorial, amplias zonas urbanas y rurales operan bajo esquemas de gobernanza criminal, cobrando extorsión y regulando la vida cotidiana con la complacencia de autoridades locales.
La dinámica de violencia reciente responde a un profundo reacomodo documentado por agencias de seguridad tras la fractura interna del Cártel de Sinaloa (CDS):
La facción más golpeada (La Mayiza): tras la captura de Ismael «El Mayo» Zambada, la estructura de La Mayiza en la frontera norte (incluyendo Mexicali y Tijuana) quedó severamente expuesta y debilitada ante una ofensiva en múltiples frentes por la pérdida de su liderazgo central y el asedio de sus rivales.
El pragmatismo del CJNG y el Cártel de Tijuana (CAF): lejos de mantenerse neutrales, células del Cártel Arellano Félix, remanentes locales y operadores de Los Chapitos han establecido convergencias tácticas y pactos de no agresión con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta alianza busca desplazar por completo a los leales de «El Mayo», utilizando el conocimiento de las rutas locales del CAF combinado con el músculo financiero del CJNG, lo que intensifica la presión sobre las redes de protección institucional que deben readaptarse a estos nuevos mandos fácticos.
Por otra parte, a nivel nacional, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y firmas de consultoría financiera estiman que en México se lavan entre 44,000 y 50,000 millones de dólares anualmente.
Aunque no hay un monto económico preciso para la entidad, se pueden entender sus dimensiones a través de los siguientes factores clave:
Primer lugar en denuncias: De acuerdo con reportes consolidados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Baja California ha liderado a nivel nacional en número de denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita, concentrando en lapsos recientes hasta el 27% del total de las denuncias de todo el país.
Foco de fiscalización internacional: Por su condición de frontera con California, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos mantiene un monitoreo constante sobre el estado, emitiendo recurrentemente sanciones a redes de casas de cambio, empresas gasolineras, inmobiliarias y firmas de proveeduría táctica en ciudades como Tijuana y Mexicali vinculadas al crimen organizado.
Como podrá notarse en toda la información anterior puede asegurarse que Baja California es una de las entidades federativas más difíciles de gobernar debido, principalmente, a su posición estratégica para el trasiego de estupefacientes ilegales y, en segundo lugar, a que es, en esencia, un campo de batalla entre los grupos criminales que aquí operan, a todo esto, deberá sumarse que, por lo menos en los últimos 43 años, los gobiernos estatales han apoyado de forma efectiva el ingreso, el desarrollo, el fortalecimiento y el crecimiento del crimen organizado en el territorio bajacaliforniano.
Con respecto a la pregunta inicial Baja California: ¿un Estado cooptado? Puede asegurarse que sí, Baja California es un Estado cooptado debido a un contubernio silencioso entre las autoridades estatales y el crimen organizado, dupla perfecta para controlar la vida política en la entidad con plena impunidad y prepotencia.
Es por tal razón que resulta necesario que la ciudadanía esté consciente de su responsabilidad ante los próximos comicios electorales en 2027 para dejar de elegir a los mismos de siempre pues, como dice Sukant Ratnakar: «Si elegimos a los mismos políticos corruptos de siempre, ese es un mensaje muy claro de que no queremos un cambio».
Pero, en fin, como siempre, ustedes tienen la última palabra.
Ricardo Jiménez Reyna, analista político.
Bibliografía:
Díaz Cruz, A. (2019). Economías de la inseguridad: Violencia, Estado y (des)orden social (Tesis de doctorado, El Colegio de México). Ciudad de México, México.
Flores Pérez, C. A. (2013). Historias de polvo y sangre: Génesis y evolución del tráfico de drogas en el estado de Tamaulipas. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Ciudad de México, México.
Garay Salamanca, L. J., & Salcedo-Albarán, E. (2012). Narcotráfico, corrupción y Estados. Cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y México. Editorial Debate. Ciudad de México, México.
Guerra Manzo, E. (Coord.). (2022). Territorios violentos en México. UAM-Xochimilco / Editorial Terracota. Ciudad de México, México.
Hernández Morales, A. S., Alva Rivera, M. E., & Sandoval Vargas, H. (2025). Gobernanza criminal y capacidad estatal en México: apoyo ciudadano a los pactos político-delictivos. URVIO: Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, (41), 85–102. Quito, Ecuador.
Marroquín Pineda, T. I. (2025). Gobernanza criminal y la erosión del monopolio estatal de la fuerza. TRAHS (Travaux de Recherches sur les Arctiques Hispaniques et Siphonnables) / Universidad de Limoges y Scielo, 14(2), 65–88. Bogotá, Colombia.
Martínez Olivera, C., Ken Rodríguez, C. A., & Torres, J. (2024). Análisis de la gobernanza criminal y su efecto en la dinámica de desarrollo regional en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Repositorio Institucional de la UNAM / IIEC. Ciudad de México, México.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (2019-2026). Incidencia delictiva del fuero común. Informes estadísticos mensuales y anuales sobre homicidios dolosos en Baja California. Gobierno de México.
Smith, B. T. (2022). La droga. La verdadera historia del narcotráfico en México. Penguin Random House / Editorial Debate. Ciudad de México, México.
Valdés Castellanos, G. (2013). Historia del narcotráfico en México. Contra las drogas, la guerra perdida. Aguilar. Ciudad de México, México.
Vargas Barrera, H. C. (2021). Estado, sociedad y crimen organizado: ¿cómo los actores de la sociedad civil inciden en los procesos de captura del Estado por parte de las organizaciones criminales a nivel subnacional? (Tesis de maestría, FLACSO México). Ciudad de México, México.
Vázquez Valencia, L. D. (2019). Captura del Estado, macrocriminalidad y derechos humanos. FLACSO México, Fundación Heinrich Böll e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ciudad de México, México.
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