¿De quién es el espacio público?

Ensenada ha protagonizado durante los últimos días dos discusiones que, vistas superficialmente, podrían parecer completamente distintas. Una tiene que ver con cultura y justicia; la otra, con religión, valores y laicidad. Sin embargo, ambas controversias tienen un punto de encuentro mucho más profundo: la forma en que las autoridades disponen del espacio público y, particularmente, la pregunta sobre quién puede decidir qué hacemos, qué construimos y qué representamos en los lugares que pertenecen a todos.

Hace unos días conocimos que una superficie de 4 mil 588 metros cuadrados de un predio vinculado al Centro Estatal de las Artes de Ensenada fue asignada al Poder Judicial del Estado para la construcción y operación de juzgados relacionados con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La medida provocó inconformidad en integrantes de la comunidad cultural, quienes han señalado que el proyecto original del CEART contemplaba etapas de crecimiento todavía no concluidas. La necesidad de mejorar la infraestructura judicial difícilmente puede considerarse un asunto menor: el acceso efectivo a la justicia requiere edificios adecuados, personal suficiente, tecnología y condiciones materiales que permitan a los tribunales desempeñar sus funciones. Pero reconocer esa necesidad no resuelve automáticamente una segunda pregunta: ¿por qué esa infraestructura debe construirse precisamente sobre una superficie que había sido destinada al desarrollo cultural?

Ahí comienza una discusión que supera por mucho los metros cuadrados. Porque cuando una autoridad modifica el destino de un espacio público no realiza solamente una operación administrativa. También establece prioridades. Decide qué función pública debe crecer, cuál puede reducirse, qué proyecto debe esperar y qué necesidad colectiva ocupará físicamente ese territorio.

Pocos días después apareció otra controversia. En Playa Hermosa fueron colocadas placas con los Diez Mandamientos, provocando opiniones encontradas principalmente en redes sociales. La discusión rápidamente dejó de concentrarse exclusivamente en el contenido moral de los mandamientos y comenzó a girar alrededor del carácter laico del Estado, los permisos municipales y los límites para instalar símbolos de contenido religioso en espacios públicos. Entonces aparece una coincidencia que vale la pena observar: por un lado, discutimos si una parte de un espacio destinado a la cultura puede transformarse para albergar juzgados; por otro, discutimos si un espacio público destinado al disfrute colectivo puede incorporar permanentemente una expresión perteneciente a una tradición religiosa específica.

En realidad, estamos teniendo la misma conversación. Estamos discutiendo de quién es el espacio público. Una playa pública no pertenece solamente a quienes comparten determinada convicción religiosa. Tampoco deja de pertenecerles por profesarla. Un centro cultural no pertenece exclusivamente a los artistas, del mismo modo que la construcción de tribunales no interesa únicamente a jueces y abogados. Precisamente porque estos espacios pertenecen a todos, las decisiones públicas que los transforman requieren algo más que una buena intención: requieren justificación.

Una premisa central del constitucionalismo contemporáneo es que la atribución de una competencia jurídica no habilita a la autoridad para ejercerla arbitrariamente: su actuación permanece sujeta a límites constitucionales, fines públicos y deberes de justificación Las autoridades no solamente deben preguntarse si pueden adoptar determinada decisión, sino por qué deben hacerlo, qué finalidad pública persiguen, qué alternativas existen y qué derechos o intereses colectivos pueden verse afectados. Esa diferencia es fundamental.

El problema no debería plantearse como una falsa disyuntiva entre cultura y justicia. Ensenada necesita espacios culturales y también necesita infraestructura judicial. Tampoco tendría sentido convertir la discusión de Playa Hermosa en una confrontación simplista entre creyentes y no creyentes. La libertad religiosa protege precisamente la posibilidad de profesar, practicar y expresar convicciones religiosas, mientras que el carácter laico del Estado busca garantizar que las instituciones públicas puedan representar a personas con convicciones religiosas, filosóficas y culturales diferentes.

La pregunta relevante, entonces, no es qué grupo tiene razón, sino cuál debe ser el estándar de actuación de la autoridad frente a un espacio que pertenece a una sociedad plural. Y quizá deberíamos comenzar por establecer una regla sencilla: si el espacio es de todos, las decisiones sobre su destino deben poder justificarse frente a todos.

Esa regla obligaría a formular prácticamente las mismas preguntas en ambos casos: ¿quién tomó la decisión?, ¿con qué atribuciones?, ¿cuál fue el procedimiento?, ¿existieron estudios previos?, ¿se analizaron otras ubicaciones?, ¿hubo mecanismos de participación ciudadana?, ¿se consideraron las afectaciones futuras?, ¿existen criterios objetivos para autorizar intervenciones permanentes en espacios públicos?, ¿esos mismos criterios podrían aplicarse mañana a cualquier otra expresión religiosa, cultural, política o filosófica?

Porque las instituciones no solamente resuelven el problema inmediato. También crean precedentes. Y los precedentes administrativos importan. Si hoy aceptamos que determinadas expresiones pueden ocupar permanentemente un espacio público, debemos preguntarnos bajo qué reglas podrán solicitarlo mañana otras comunidades religiosas o asociaciones civiles. Si hoy aceptamos modificar el destino de un terreno reservado para infraestructura cultural, debemos preguntarnos qué requisitos deberían cumplirse para que una administración futura pueda modificar nuevamente ese destino.

La discusión, por tanto, no debería agotarse en los Diez Mandamientos ni en los metros cuadrados del CEART. Hay algo más importante detrás de ambos acontecimientos: la ciudad también comunica. Comunica a través de sus edificios, sus parques, sus monumentos, sus centros culturales, sus tribunales, sus plazas y sus playas. Cada decisión sobre esos espacios transmite una determinada concepción acerca de aquello que una comunidad considera importante.

Por eso el espacio público también puede leerse constitucionalmente. En él se encuentran el derecho a la cultura, el acceso a la justicia, la libertad religiosa, la igualdad, la laicidad, el pluralismo y el derecho de las personas a participar en los asuntos públicos.

Tal vez estos dos acontecimientos nos estén ofreciendo una oportunidad para discutir algo que normalmente dejamos fuera del debate cotidiano: la necesidad de construir una auténtica política pública sobre el espacio común. No se trata de impedir que se construyan juzgados. Tampoco de expulsar las convicciones religiosas de la vida social. Se trata de algo institucionalmente más exigente: establecer reglas transparentes, generales y previamente conocidas para decidir cuándo y bajo qué condiciones un espacio público puede modificar su vocación o incorporar expresiones permanentes de carácter simbólico.

Porque gobernar una ciudad también significa administrar sus símbolos. Y una democracia plural requiere que esa administración no dependa solamente de quién ocupa temporalmente una oficina pública, sino de procedimientos, razones y reglas que puedan defenderse públicamente.

Quizá por eso la discusión que hoy ocurre en Ensenada debería superar las redes sociales. No estamos discutiendo únicamente sobre un terreno. No estamos discutiendo únicamente sobre unas placas. Estamos discutiendo acerca de algo mucho más profundo: qué significa que un espacio sea verdaderamente público.


René Ibraham Cardona Picón, abogado y académico.

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