Violencia estructural ambiental, la agresión silenciosa, cotidiana y peligrosa

Cuando escuchamos la palabra violencia, nuestra mente viaja de inmediato a lo evidente: un golpe en la calle, un grito detrás de una puerta cerrada o los titulares de la nota policiaca de cada mañana. Estamos acostumbrados a pensar que para que exista violencia se necesita un agresor con nombre, apellido y una intención directa de dañar. Sin embargo, existe otro tipo de agresión mucho más silenciosa, cotidiana y peligrosa porque hemos aprendido a verla como algo normal. El sociólogo noruego Johan Galtung la llamó violencia estructural: aquella que no necesita de una persona empuñando un arma, porque la ejerce el propio sistema cuando, por omisión, negligencia, corrupción o mala planeación, le impide a la ciudadanía cubrir sus necesidades más elementales y desarrollar una vida digna.

Cuando esa falla del sistema destruye, contamina o limita el entorno natural y urbano donde vivimos, estamos frente a la violencia estructural ambiental. Y en Ensenada no necesitamos ir a un seminario universitario ni abrir un diccionario académico para entender qué significa; nos basta con abrir la llave del lavabo a las siete de la mañana y escuchar cómo de la tubería solo sale aire en lugar de agua, sin mencionar lo que pasa en las colonias de la ciudad con pocos o nulos árboles que den sombra, o caminar por la costa con la incertidumbre de si el olor del mar es brisa marina o el rastro de una planta de tratamiento rebasada.

Lo que vivimos todos los días en nuestro municipio no es un simple accidente de la naturaleza, ni es mala suerte geográfica por vivir en una zona semiárida. Es el resultado de una estructura rota que castiga de forma desigual a quienes menos tienen y que se sostiene sobre realidades perfectamente medibles, con datos duros que ninguna autoridad puede ocultar bajo la alfombra:

Para que Ensenada funcione con normalidad y todas las familias tengan agua y no aire en las tuberías de sus llaves, de acuerdo con datos de la misma paraestatal, se debe alcanzar la demanda hídrica promedio de 1,200 litros de agua por segundo. Sin embargo, se opera con un déficit histórico y crónico, sostenido sobre acuíferos severamente sobreexplotados, amenazados por la intrusión salina y con una precipitación pluvial media que apenas ronda los 200 milímetros al año. En la vida real, esto se traduce en que más de 100 colonias padecen cortes intermitentes o dependen de programas de tandeo que rara vez cumplen su calendario. Mientras en ciertos sectores comerciales, turísticos o residenciales el suministro encuentra formas de garantizarse, en la periferia las familias están condenadas a almacenar su derecho humano en tambos de plástico. Es la postal cotidiana de la desigualdad: esperar operativos emergentes y vivir atados al aviso de última hora de la CESPE por la enésima fractura en el acueducto Río Colorado-Tijuana, en el flujo inverso o en el sistema La Misión. Vivir calculando si alcanzará el agua del bote para lavar los uniformes de los hijos o para bajarle al baño es una forma brutal de desgaste físico, económico y mental.

Resulta profundamente violento e irónico que las campañas oficiales le exijan al ciudadano cuidar cada gota poniendo una cubeta bajo la regadera mientras sale el agua fría, lo cual no está mal y debemos hacer cultura, pero no debemos perder de vista que el verdadero desperdicio ocurre bajo el pavimento. Los propios indicadores históricos de CESPE revelan una eficiencia física que ronda apenas el 62%. Dicho en español llano y sin tecnicismos: casi 4 de cada 10 litros de agua potable en la ciudad se pierden en el camino por fugas invisibles en una red de distribución envejecida, parchada y colapsada antes de llegar a los medidores de las casas. La escasez que sufre el ciudadano de a pie no es únicamente sequía meteorológica; es sequía de mantenimiento e inversión en infraestructura básica.

La violencia ambiental también consiste en arrebatarle a una comunidad los espacios donde respira, hace ejercicio y convive. Algunos estudios hablan de un mínimo de 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante para mitigar el estrés térmico y proteger la salud física y psicológica de las personas. En Ensenada contamos con apenas 3.6 metros cuadrados por habitante, lo que representa un déficit del 60% en pulmones urbanos. Y cuando volteamos hacia nuestro gran espacio público natural, la bahía, nos encontramos con otra barrera sanitaria: monitoreos científicos realizados por el Centro de Investigación y Desarrollo Costero (CIDECO) de la UABC han documentado cómo puntos icónicos de recreación familiar, como Playa Hermosa, continúan presentando indicadores de contaminación antropogénica superiores incluso a ciertas zonas de vertido de aguas tratadas. Ahorrar presupuesto público dejando caer las plantas de tratamiento y trasladarle la factura a la salud de los bañistas y al ecosistema marino es, por definición, una agresión institucional.

Nombrar las cosas como lo que son es el primer paso para dejar de normalizarlas. Que una madre trabajadora en la colonia Popular 89, en Los Encinos o en el sector noreste tenga que comprar agua carísima a piperos privados mientras el recibo oficial le cobra aire; que nuestros niños crezcan entre tierra suelta y concreto sin parques arbolados, y que meterse al mar en verano sea una ruleta rusa de infecciones gastrointestinales o de la piel, no son simples fallas técnicas ni problemas de temporada.

El artículo 4.º de nuestra Constitución Política no es un poema de buenas intenciones; es un mandato legal que establece con claridad que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como al acceso, disposición y saneamiento de agua en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Cuando la falta de visión a largo plazo y la indolencia administrativa convierten un derecho constitucional en el privilegio de unos cuantos, el Estado deja de ser garante y se vuelve agresor. Porque la violencia no siempre deja moretones en la piel, a veces deja los tambos vacíos, las playas cerradas y el futuro de una ciudad secándose gota a gota.


Ritter de Basabe Ibarra, especialista en derecho Ambiental y Laboral.

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