Por Ricardo Jiménez Reyna, columnista.
«En este país la política es tan corrupta que corrompió hasta el narcotráfico».
Rafael Humberto Moreno-Durán
Antes de comenzar esta entrega, deseo comentarles lo que siempre digo: durante mi vida he aprendido diferentes lenguajes y diferentes tipos de lecturas de tal suerte que, tras años de observación, análisis, interpretación y reinterpretación de la información, los hechos y las acciones torno a la inseguridad pública y la delincuencia en Baja California, hoy puedo leer y entender lo siguiente: Cuando un gobierno no hace lo indispensable, lo necesario y lo legalmente correcto para combatir la delincuencia, este gobierno no puede ser considerado como legítimo porque, a mayor delincuencia, menor autoridad, a menor autoridad, mayor impunidad, ineptitud, corrupción y deshonestidad y, a mayor impunidad, ineptitud, corrupción y deshonestidad, menor legitimidad del gobierno y, a menor legitimidad de un gobierno, es más alta la probabilidad de que sea derrocado, no solo mediante la violencia o la resistencia civil, sino también por medios legales como la elección popular; de ahí que, lo expuesto por Rafael Humberto Moreno-Durán: «En este país la política es tan corrupta que corrompió hasta el narcotráfico» cobra mayor fuerza cada día.
Con fundamento en el argumento anterior y con base en diversas reformas legales en el país, uno de los indicadores para saber si realmente existe una verdadera lucha contra la compra-venta de sustancias ilícitas en una entidad es el denominado narcomenudeo; allá por 2009 se realizaron diversas reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimiento Penales en las cuales quedó establecido que este delito pasaba a ser un delito del fuero común el cual sería combatido por las autoridades estatales e incluso municipales.
El 20 de agosto de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó diversas disposiciones normativas para establecer el narcomenudeo como un delito de competencia concurrente, permitiendo que las autoridades del fuero común lo investiguen, persigan y sancionen dicho delito .Esta reforma modificó de fondo la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, entrando en vigor formalmente al día siguiente, el 21 de agosto de 2009.
Curiosamente esta reforma ocurrió cuando Felipe Calderón Hinojosa fue presidente de México y José Guadalupe Osuna Millán gobernador de Baja California; está por demás enfatizar que la famosa guerra contra el narcotráfico tenía ya más de dos años en curso, en la cual el cartel de Sinaloa fue el principal aliado del gobierno para destrozar a otros grupos criminales en el país y que dicho grupo criminal estaba perfectamente bien posicionado en una gran parte del territorio nacional, entre este, por supuesto Baja California, desde mi perspectiva, mi punto de vista y mi leal saber y entender considero que dicha reforma ocurrió debido a dos posibles causas: un compromiso del gobierno federal con el cartel de Sinaloa para permitirle operar libremente y una forma de diversificar los ingresos del crimen organizado y que, los ingresos de las autoridades estatales y municipales por concepto de corrupción crecieran.
Desde el 2015 se creo el indicador por denuncias en materia de narcomenudeo en todas las entidades federativas del país, delito que, por cierto, se persigue de oficio y no por querella de parte, esto es las famosas denuncias por dicha actividad ilícita son en sí mismas, carpetas de investigación abiertas porque ya se cuenta con presuntos responsables bajo proceso lo cual representa que, a mayor cantidad de denuncias, también mayor cantidad de droga incautada y de presuntos criminales detenidos y, por ende, a menor cantidad de denuncias también menor cantidad de droga confiscada y menor cantidad de presuntos criminales detenidos ya que, al ser un delito que es perseguido de oficio, este indicador no refleja el incremento de dicha actividad sino mejor dicho, califica la eficiencia y la eficacia de las autoridades estatales y municipales en esta materia.
Por definición el narcomenudeo es la venta de droga en dosis pequeñas que no superen el kilogramo de alguna sustancia ilícita; este delito comenzó precisamente en Baja California con el cartel de los Arellano Félix (CAF) allá por la década de los 90´s, cuando dicha empresa criminal tenía el control de la entidad; posteriormente, cuando el (CAF) comenzó a perder influencia en el Estado, el cartel de Sinaloa tomó posesión de este negocio en la mayoría de la entidad y, en la actualidad es el CJNG quien está tomando las riendas de dicho negocio.
Pese a que el indicador de narcomenudeo fue dado de alta en 2015, mientras que varias entidades federativas a nivel nacional sí registraron actividad en este rubro, Baja California registró en ceros todo el ejercicio a pesar de que, en la entidad, fue donde comenzó dicha actividad delictiva es así que, de julio del 2016 hasta octubre del 2019 (en solo 41 meses) fueron abiertas un total de 23,804 carpetas de investigación bajo el mandato de Francisco Vega de Lamadrid mientras que, durante el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, en 24 meses, de noviembre del 2019 a octubre del 2021 tan solo fueron abiertas 18,511 lo que significa una diferencia de 1,171 de denuncias o carpetas más que en el mismo período del sexenio anterior, lo que representó un crecimiento de tan solo el 6.75% durante el gobierno de Jaime Bonilla, mientras que durante el actual gobierno encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda se han abierto en 56 meses solamente 42,271 carpetas de investigación en materia de narcomenudeo. Ahora bien, comparando el período de Francisco Vega y los de Marina del Pilar Ávila en la misma cantidad de meses, los resultados son: 31,095 carpetas del actual gobierno contra 23,804 de Vega de la Madrid, lo que representa el 30.62%, sin embargo, con respecto al mismo período del gobierno de Bonilla, el actual gobierno solamente reportó 19,397 carpetas, esto es tan solo el 11.86% más, lo que representa un crecimiento real de únicamente el 5.11% con respecto al mismo período de Francisco Vega.
Ahora bien, anualmente el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda ha reportado las siguientes cifras: noviembre y diciembre 2021: 1,322; enero-diciembre 2022: 9,655; enero-diciembre 2023: 9,839; enero-diciembre 2024: 8,180; enero-diciembre 2025: 8,622 y enero-julio 2026: 4,653 lo que representa que, en lo que va del sexenio estatal actual se han abierto un promedio diario de 33.3 carpetas abiertas.
Ahora bien, haciendo un comparativo de la cantidad de denuncias realizadas durante los primeros siete meses de cada año de la actual administración en la entidad, el comportamiento de las denuncias ha fluctuado de la siguiente forma: 2022 enero-julio 5,638; 2023 enero-julio 5,873; 2024 enero-julio 5,134; 2025 enero-julio 5,175 y 2026 enero-julio 4,653. Como puede observarse la tendencia de la incidencia de denuncias en materia de narcomenudeo en la entidad va a la baja. Toda la información estadística anterior fue analizada en los datos de (SESNSP, 2026).
Con estas cifras podría asegurarse que en materia de narcomenudeo Baja California (la cuna de dicho delito) las cosas van bien, sin embargo, a nivel nacional ha decrecido su actividad, pues de ocupar históricamente el segundo o tercer lugar a nivel nacional, «a partir del 2024 y consolidándose en 2026, el estado experimentó una reducción porcentual en el plano nacional, descendiendo al quinto lugar de la incidencia total nacional (aportando ahora el 5.5% de los casos) al verse desplazado por entidades como Guanajuato, San Luis Potosí y Nuevo León» (Parra, 2026).
Ahora bien, surge una pregunta: ¿Qué tan favorable es para Baja California y sus ciudadanos que los indicadores en materia de lucha contra el narcomenudeo tiendan a la baja?
Partiendo de la naturaleza misma del narcomenudeo (delito de alto impacto que se persigue de oficio, sin detención preventiva oficiosa sino judicial y vinculado a otros delitos, sobre todo con homicidios y narcotráfico) es lógico establecer que, entre más denuncias existan, más beneficioso resulta tanto para las autoridades estatales como para los propios bajacalifornianos ya que, a mayor crecimiento en este indicador esto no significa que exista más narcomenudeo en la entidad sino, mejor dicho, hay una mayor y mejor lucha contra quienes los cometen.
En este sentido la lectura de las cifras debe ocurrir a la inversa a diferencia de otros delitos, como ejemplo el robo de vehículos en todas sus modalidades, si las denuncias de este delito crecen esto significa que la labor preventiva e investigativa de las autoridades encargadas de dicho fin, no están cumpliendo de forma efectiva y eficiente con su labor mientras que, en narcomenudeo las cosas son diferentes ya que, cada denuncia presentada es una carpeta ante la Fiscalía Estatal especializada que en su mayoría también está acompañada de dosis de droga, armas y vehículo incautados así como personas detenidas ya que, según fuentes extraoficiales, del 2021 al 2026 en la entidad se han detenido a más de 30,000 personas relacionadas con el narcomenudeo y otros delitos y esto ocurre porque en un 90% de todos los casos de narcomenudeo en la entidad, más de 40,00, han sido ejecutados por la autoridades municipales y estatales en flagrancia o en operativos de ahí que, entre más delincuentes sean detenidos y más droga sea incautada, mayor eficiencia y eficacia de las autoridades y menor ocurrencia de este delito en las calles de las ciudades bajacalifornianas y, por ende, mayor seguridad y bienestar en la entidad.
Por otra parte es importante destacar que, no porque en la entidad se hayan ejercido operativos para detener a objetivos de alta prioridad e incautar droga en volúmenes alto, esto signifique que dichas acciones tengan un impacto negativo en el crecimiento de las ventas a pormenor de drogas ya que, las grandes incautaciones de sustancias ilícitas en la entidad solo afectan, dañan y perjudican al trasiego internacional de drogas y no necesariamente a la comercialización al por menor de algunas drogas, como el cristal por ejemplo, ya que los carteles en México tienen bien definidas dos áreas de comercialización, una para el mercado internacional y otra para el mercado local lo que representa dos tipos diferentes de cargamento y también dos canales diferentes de distribución.
Es por esta razón que resulta alarmante que los indicadores en materia de narcomenudeo en Baja California tiendan a la baja y no continúen a la alza ya que, este fenómeno representa dos hechos importantes: 1).- Las autoridades estatales y municipales encargadas de combatir dicho crimen son incapaces de ejercer mayor presión sobre las famosas tienditas de drogas (se calculaban más de 5,000 en 2017 en todos los municipios) porque son deficiente e ineficaces y 2).- Existe un contubernio entre los autoridades estatales y municipales encargadas de combatir el narcomenudeo en la entidad y los carteles o grupos criminales que controlan dicho delito lo que implica menores detenciones, incautaciones y carpetas de investigación.
Es por ello que, con fundamento con los argumentos e información aportada anteriormente, puedo asegurar: la reducción en los indicadores de narcomenudeo son la principal evidencia que, en Baja California, el actual gobierno encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmedo como el gobierno de Jaime Bonilla Valdez estuvieron y están altamente vinculados con los grupos criminales que controlan la comercialización al por menor de drogas en las calles de las ciudades de todos los municipios de la entidad.
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