«Los criminales ganan más que los políticos,
— Frase atribuida a Joe Barcala.
por eso unirse a los primeros
es una gran tentación para los segundos».
Años de observar y analizar el proceder de las autoridades estatales en Baja California frente a los embates del crimen organizado me han llevado a construir distintas lecturas sobre lo que ocurre en el territorio. Hoy comparto algunas de esas conclusiones.
Cuando el Estado omite su deber de combatir legalmente al crimen organizado, erosiona su autoridad formal y debilita la legitimidad misma del ejercicio del poder. Esa flaqueza institucional abre la puerta a la impunidad, la ineptitud y la corrupción, vicios que terminan por restarle aún más respaldo ciudadano. Un régimen que pierde legitimidad queda expuesto a ser desplazado del poder, ya sea por la vía electoral, por la fuerza de las armas o mediante la resistencia civil.
Por eso la sentencia atribuida a Joe Barcala en Plan para derrocar al presidente: El nuevo holocausto (2016) cobra una vigencia punzante en temporadas electorales, no solo en esta entidad, sino en todo México. En esta entrega me propongo examinar la relación profunda entre el Estado y el crimen organizado como fenómeno en sí, dejando de lado el caso específico de Baja California.
Durante décadas, el debate público y gran parte del discurso oficial han presentado este vínculo como un choque frontal entre dos polos opuestos: la ley contra la ilegalidad, la institución frente al caos. Sin embargo, en la sociología y la ciencia política contemporánea esa lectura binaria resulta corta para explicar regiones donde la violencia baja por pactos tácitos, las redes ilícitas financian campañas y las economías ilegales sostienen el consumo diario. En esos escenarios, los analistas recurren a la idea de relación simbiótica —o simbiosis— para estudiar cómo ambos actores logran coexistir, adaptarse e incluso obtener provecho mutuo en ciertos momentos históricos o espacios territoriales.
Hablar de simbiosis no equivale a justificar la colusión ni a minimizar la asimetría de poder o la violencia estructural. Consiste en mirar con rigor los intercambios concretos que surgen cuando el conflicto abierto deja paso a acuerdos informales, acomodos territoriales o dependencias recíprocas.
Cómo explica la sociología esta relación
1. La formación del Estado y el monopolio de la violencia
El punto de partida conceptual se halla en la sociología histórica de la formación estatal. En Hacer la guerra y hacer el Estado como crimen organizado, publicado en Traer de vuelta al Estado (1985, Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido), Charles Tilly sostiene que la hechura de los Estados modernos comparte una lógica incómoda con el crimen organizado: ambos ofrecen protección a cambio de recursos —impuestos en un caso, extorsión o cuotas en otro— y disputan o monopolizan el uso de la violencia en un territorio. Como escribe el propio autor: «Si los “rackets” de protección representan el crimen organizado en su versión más depurada, entonces hacer la guerra y hacer el Estado —“rackets” de protección por excelencia con la ventaja de la legitimidad— califican como nuestros mayores ejemplos de crimen organizado». Cuando el Estado es débil o su presencia es dispareja, los grupos criminales llenan ese vacío y, muchas veces, negocian su coexistencia en lugar de sostener una guerra continua contra la fuerza pública.
2. Gobernanza criminal y necesidad de un Estado funcional
A diferencia de las insurgencias que buscan asaltar el poder central o destruir el orden jurídico, los grupos delictivos suelen necesitar un Estado lo bastante funcional para que sus negocios caminen. En Empresas criminales y gobernanza en América Latina y el Caribe (2017, Cambridge University Press, Nueva York, Estados Unidos), Enrique Desmond Arias estudia cómo las estructuras criminales se imbrican con las dinámicas políticas y comunitarias locales. Al advertir sobre los límites de pensar el problema solo como una guerra militar, Arias señala: «De hecho, la metáfora de la guerra refuerza las peores tendencias de los actores estatales, justificando una postura de combate contra las zonas pobres donde suele concentrarse el crimen, mientras se barre bajo la alfombra la corrupción y la complicidad que hacen que la violencia crónica sea sostenible a largo plazo». Por su parte, Benjamin Lessing, en «Conceptualizando la gobernanza criminal» (Perspectives on Politics, 2020, Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido), analiza cómo los actores armados no estatales fijan reglas y regulan conductas en periferias urbanas, penales o mercados ilegales. Como apunta Lessing, «las organizaciones criminales gobiernan mercados ilícitos, como la venta minorista de drogas, que solo existen como mercados ilícitos porque los Estados han promulgado y aplicado la prohibición; en efecto, no puede haber nada “criminal” sin un Estado que realice la criminalización». Para blanquear capitales en el sistema financiero formal, usar infraestructura pública o conservar un mínimo de orden que permita prosperar a los negocios —legales e ilegales—, el crimen organizado suele sacar más partido de instituciones operativas que de un derrumbe total.
3. Redes político-criminales y favores cruzados
Desde la sociología de las redes, la atención se dirige a los lazos informales que enlazan a funcionarios, mandos policiales, empresarios y operadores criminales. En estos circuitos, el intercambio rara vez corre en un solo sentido: sectores del aparato estatal o candidaturas pueden obtener dinero ilícito para campañas, contención social en zonas marginadas o treguas temporales que moderan la violencia visible —lo que en el análisis sociológico se conoce como «paz narca»—, a cambio de que los grupos delictivos reciban impunidad, resguardo frente a rivales o información privilegiada.
4. Economía política del delito y amortiguación social
La economía política del delito suma otro factor de peso: el modo en que las rentas ilegales se insertan en la economía formal. En lugares donde escasea el empleo formal, los recursos que mueve el crimen organizado pueden amortiguar el descontento social, aportar liquidez local y disminuir, de manera indirecta, la presión política inmediata sobre los gobiernos locales.
Dinámicas variables y territorios de frontera conceptual
Los investigadores advierten que esta simbiosis no es estática ni universal; cambia al ritmo de las correlaciones de fuerza, los relevos en el poder o las presiones internas y externas.
- Simbiosis y colusión: Predominan el entendimiento mutuo, el reparto de rentas o la distribución tácita de tareas y territorios, como sucede cuando se mantienen acuerdos implícitos para contener homicidios visibles a cambio de libertad de tránsito o facilidades para lavar dinero.
- Confrontación abierta: Aparece cuando se rompen los acuerdos previos, cambian los actores en el mando o se ordenan operativos policiales o militares directos, ya sea por reacomodos internos o por presiones diplomáticas y de seguridad.
- Captura del Estado: Ocurre cuando las organizaciones criminales someten de forma sistemática a instituciones locales —como policías municipales o alcaldías— mediante coerción, amenazas o sobornos, anulando su autonomía.
Para ubicar con mayor precisión dónde termina la legalidad estatal y dónde empieza la regulación criminal, las ciencias sociales emplean conceptos cercanos como gobernanza híbrida, Estado paralelo o zona gris. En La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina contemporánea (2007, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, Argentina), Javier Auyero examina justamente esos espacios opacos donde se borran los límites entre lo legal y lo ilegal, entre agentes del Estado y operadores violentos, y donde la política cotidiana se resuelve lejos de la transparencia formal. Como sintetiza Auyero al describir estas tramas, «estos lazos —en los que participan por igual punteros, policías, matones, jueces y políticos— constituyen la zona gris de la política».
Análisis sociológico y politológico
En el estudio sociológico y politológico de los vínculos entre el Estado y el crimen organizado, corrupción, simbiosis y captura del Estado suelen confundirse en el habla común como si significaran lo mismo, pero designan mecanismos de poder distintos. La distinción clave pasa por el grado de sistematicidad, el margen de autonomía institucional y la naturaleza del intercambio o la subordinación entre agentes públicos y redes delictivas.
1. Corrupción: el intercambio transaccional dentro del sistema
La corrupción es la figura más acotada y frecuente: consiste en aprovechar un cargo público o facultades oficiales para obtener un provecho privado —económico, político o de conveniencia operativa.
- Lógica dominante: Transacción o dádiva ocasional o reiterada (cohecho, extorsión, desvío de recursos, omisión deliberada de funciones).
- Grado de control: No requiere someter el diseño ni la marcha completa del aparato estatal; puede darse a través de servidores concretos, mandos aislados o irregularidades administrativas.
- Autonomía del Estado: La entidad mantiene en lo formal su estructura y capacidad de acción, aun cuando su legalidad o eficacia se vean comprometidas en asuntos puntuales.
2. Simbiosis: adaptación y beneficio mutuo prolongado
La simbiosis define una coexistencia adaptativa y una dependencia recíproca entre actores estatales y grupos criminales en ciertos territorios o momentos, donde ambas partes cosechan ventajas distintas sin que el lazo se agote en un soborno aislado.
- Lógica dominante: Acomodo, reparto de tareas o favores cruzados sostenidos en el tiempo —por ejemplo, contención de la violencia visible o respaldo territorial o financiero a cambio de impunidad, avisos o tolerancia operativa.
- Grado de control: Supone redes informales y equilibrios negociados; a diferencia de la corrupción en sentido estricto, pone el acento en la interdependencia entre tramas político-criminales, mercados ilícitos y formas de control social.
- Autonomía del Estado: Queda condicionada o negociada en determinados espacios o rubros, pero el Estado no desaparece ni pierde por completo su facultad de decidir; a veces incluso le interesa conservar un orden básico para sostener su propia estabilidad o legitimidad.
3. Captura del Estado: subordinación sistémica de las instituciones
La captura del Estado marca un escalón más profundo: ocurre cuando fuerzas externas —incluidas organizaciones criminales o redes ilegales— subordinan, cooptan o moldean de forma sistemática a instituciones, autoridades o instancias de decisión para ponerlas al servicio de sus propios fines.
- Lógica dominante: Coerción, intimidación, aportes financieros determinantes o penetración estructural de cargos, cuerpos policiales, fiscalías, ayuntamientos o reglas de decisión.
- Grado de control: Pretende sujetar o anular la autonomía de los órganos intervenidos y sostener ese dominio en el tiempo, más allá de comprar una resolución aislada.
- Autonomía del Estado: La autonomía institucional resulta gravemente mermada o anulada en el ámbito o nivel de gobierno capturado; la ley formal queda desplazada o usada como instrumento de intereses particulares.
Contraste general
- Naturaleza del vínculo:
- Corrupción: Intercambio irregular o indebido de favores o recursos.
- Simbiosis: Coexistencia adaptativa y provecho mutuo prolongado.
- Captura del Estado: Subordinación y cooptación sistémica de instituciones.
- Alcance institucional:
- Corrupción: Puntual o circunscrito a ciertas áreas o funcionarios.
- Simbiosis: Relacional y territorial, tejido por redes informales.
- Captura del Estado: Estructural o de dominio sobre decisiones y puestos clave.
- Autonomía del Estado:
- Corrupción: Desgaste parcial o focalizado.
- Simbiosis: Condicionada o negociada en ciertos espacios.
- Captura del Estado: Subordinada o anulada en el espacio capturado.
En la realidad territorial, estos tres planos suelen encimarse: un arreglo simbiótico puede alimentarse de prácticas cotidianas de corrupción y escalar —o retroceder— hacia la captura abierta de autoridades locales según cómo se muevan las fuerzas en juego y qué tan frágiles sean las instituciones.
Conclusión
Comprender esta simbiosis obliga a abandonar la comodidad de los diagnósticos simplistas y a mirar de frente cómo se tejen el poder, la omisión y el interés mutuo en los territorios. Si el Estado renuncia a ejercer su autoridad con apego a la ley o permite que las complicidades sustituyan a la institución, el costo no se mide solo en cifras de violencia: se mide en la pérdida de confianza pública y en la fragilidad de la democracia misma. Enfrentar el problema exige algo más que discursos de mano dura o consignas de guerra; requiere reconstruir capacidades estatales reales, cerrar los espacios de impunidad y devolverle al servicio público un sentido de responsabilidad que no esté a la venta.
Fuentes consultadas
- Arias, Enrique Desmond. Empresas criminales y gobernanza en América Latina y el Caribe. Nueva York: Cambridge University Press, 2017 (Estados Unidos).
- Auyero, Javier. La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina contemporánea. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2007 (Argentina).
- Lessing, Benjamin. «Conceptualizando la gobernanza criminal». Perspectives on Politics, vol. 19, núm. 3, 2020. Cambridge: Cambridge University Press, 2020 (Reino Unido).
- Tilly, Charles. «Hacer la guerra y hacer el Estado como crimen organizado». En Traer de vuelta al Estado, editado por Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer y Theda Skocpol. Cambridge: Cambridge University Press, 1985 (Reino Unido).











Deja una respuesta