Durante décadas, la cultura jurídica en México operó bajo una máxima no escrita: el conflicto se resuelve en los tribunales, a golpe de demandas y sentencias que tardan años en llegar. Sin embargo, silenciosamente, una revolución institucional ha estado cambiando las reglas del juego. Hoy, antes de que un juez escuche la mayoría de las disputas, la ley exige hacer una parada obligatoria en una estación llamada conciliación/ mediación.
No se trata de un simple trámite burocrático para llenar un expediente, es un cambio de paradigma que apuesta por devolverle a los ciudadanos el control sobre sus propios problemas. Pero como toda gran reforma, camina sobre la delgada línea entre el éxito transformador y el riesgo de convertirse en un nuevo cuello de botella.
Para quien nunca ha pisado un Centro de Conciliación, la idea puede sonar intimidante, pero su diseño es sorprendentemente ágil. A diferencia de un juicio tradicional, donde las partes se enfrentan como adversarios ante un juez que decidirá quién gana y quién pierde, la conciliación es un diálogo asistido.
El camino comienza cuando una de las partes solicita la intervención del centro. A partir de ahí, se notifica a la contraparte y se fija una audiencia en un plazo breve, por ley, el proceso laboral, por ejemplo, no debe exceder los 45 días naturales. En esa mesa no hay estrados ni togas, hay un conciliador profesional, una figura neutral cuya única tarea es facilitar la comunicación, equilibrar la balanza informativa y proponer opciones justas sin imponer ninguna.
Aquí ocurre uno de los giros más interesantes del nuevo sistema, especialmente en materia laboral, las partes comparecen personalmente, acompañadas si lo desean por una persona de confianza o un abogado, pero el protagonismo lo tienen los involucrados, no los litigantes. Si ambas partes llegan a un acuerdo, se firma un convenio que tiene exactamente el mismo peso legal que una sentencia firme dando como tal cosa juzgada. Si alguien incumple lo pactado, no hay que volver a discutir quién tenía la razón; se pasa directamente a la ejecución ante un juez. Y si de plano no hay acuerdo, se emite una constancia de no conciliación que abre, ahora sí, la puerta del juzgado.
Las ventajas de este modelo saltan a la vista cuando se comparan con el calvario de un litigio tradicional, justicia en semanas, no en lustros. Mientras un juicio ordinario puede extenderse de dos a cinco años, la conciliación resuelve la mayoría de los asuntos en una o dos sesiones dentro de un mes y medio. Con estas bondades se tiene un ahorro económico directo, eliminando los costos acumulados de años de representación legal, peritajes interminables y desgaste administrativo tanto para el ciudadano como para el Estado.
Las soluciones cuando son propuestas por las partes encontramos una solución flexible y duradera, con satisfacción para ambos. En cambio, un juez solo puede aplicar la ley de forma rígida, cuando en la conciliación, las partes pueden pactar esquemas de pago flexibles y acuerdos escalonados que se adapten a la realidad financiera de quien debe cumplir. Al resolver en promedio el 80% de los conflictos en esta etapa previa, los jueces pueden dedicar su tiempo y estudio a los casos verdaderamente complejos que sí requieren una interpretación judicial profunda.
Sería ingenuo pensar que basta con decretar el diálogo por ley para que los problemas desaparezcan. A medida que el sistema madura se encuentran obstáculos que exigen atención. El primer gran obstáculo es la cultura del litigio. Muchos abogados, formados en la vieja escuela del enfrentamiento, siguen viendo la conciliación como un estorbo o un simple requisito de procedibilidad que hay que agotar rápido para irse a demandar, aconsejando a sus clientes no negociar.
El segundo reto es estructural, la sobrecarga y el presupuesto. El éxito mismo de la conciliación amenaza con asfixiarla si los centros no cuentan con suficientes conciliadores capacitados y notificadores en calle. Finalmente, está el desafío de la asimetría de poder. En un conflicto entre una gran empresa con asesoría corporativa y un trabajador que necesita comer mañana, el riesgo de que la urgencia económica obligue a aceptar un mal arreglo siempre está latente. La pericia ética y técnica del conciliador es la única barrera para evitar que la rapidez se convierta en renuncia de derechos.
Apostar por la conciliación es apostar por la madurez cívica. Nos obliga a entender que la justicia no siempre consiste en aplastar al adversario en un tribunal, sino en encontrar una salida digna, legal y pronta que permita a ambas partes dar vuelta a la página. El diseño institucional ya está en marcha, ahora nos toca a ciudadanos, empresarios, trabajadores y abogados demostrar que sabemos hablar antes de pelear.
Ritter de Basabe Ibarra, especialista en Derecho Laboral y Ambiental.
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