En Baja California no estamos acostumbrados a vivir en emergencia. Incendios en Tecate, sismos en Mexicali e inundaciones en Tijuana forman parte del paisaje, pero Ensenada concentra una combinación especialmente compleja de riesgos: deslaves recurrentes en las laderas y en la carretera escénica Tijuana-Ensenada, desbordamientos de arroyos como El Pípila que obligan a evacuar colonias enteras como San Francisquito, inundaciones en avenida Reforma que dejan vehículos sumergidos, más de 530 incendios de viviendas solo en 2025 y la amenaza permanente de sismos por su ubicación geográfica.
El Atlas de Riesgos del municipio, actualizado en 2025, lo documenta con claridad. Protección Civil activa siempre el mismo protocolo: evacuar, albergar y contabilizar daños.
Pero hay una pregunta que nunca se formula en las conferencias de prensa: ¿y los animales?
Y lo más grave es que esto ya no es solo un reclamo moral. Es una obligación constitucional que el propio gobierno está ignorando.
Desde abril de 2025, el artículo 7º de la Constitución Política del Estado de Baja California reconoce a los animales como seres sintientes, sujetos de protección especial, cuyo bienestar integral debe garantizarse mediante un trato digno y respetuoso.
No son objetos. La Constitución los reconoce como habitantes de este estado que sienten, sufren y tienen derecho a ser protegidos.
Entonces, ¿cómo es posible que, con ese avance histórico, en un desastre natural sigamos actuando como si no existieran?
En Ensenada, cuando el arroyo se desborda o un deslave corta el acceso a una colonia, a las familias se les ofrece un albergue… pero sin sus animales. Muchas personas terminan durmiendo en el auto o negándose a evacuar.
Para la mayoría de los hogares, los seres sintientes son parte de la familia. En las lluvias recientes de la tormenta Rachel, mientras se evacuaba a decenas de personas en San Francisquito y se atendían inundaciones en la zona de avenida Reforma, el rescate de animales volvió a quedar en manos de voluntarios. El Estado miraba hacia otro lado.
El Gobierno celebró la reforma constitucional y presumió el Santuario Animal Milly en Mexicali, así como las calandrias eléctricas en Ensenada. Esos avances demuestran que se puede.
Pero ¿de qué sirve reconocer a los animales como seres sintientes en la Constitución si, a la hora del incendio, el deslave o la inundación, no existe un solo protocolo operativo para salvarlos? El Plan Estatal de Protección Civil sigue sin incluir la palabra “mascota” o “albergue pet-friendly”.
Esto no es sentimentalismo. Es lógica de protección civil. Cuando no se incluye a los animales, la gente no evacúa. Se queda y se arriesga. Luego hay que rescatar a dos —al humano y al animal—, con doble peligro para los bomberos.
Estados Unidos lo aprendió con el huracán Katrina en 2005 y creó la ley PETS Act.
Baja California ya dio el paso más difícil: cambiar su Constitución. Ahora falta hacerlo valer, sobre todo en Ensenada, donde los riesgos son múltiples y constantes.
No pedimos refugios de lujo. Pedimos tres cosas básicas: albergues pet-friendly en todos los municipios, con área anexa para los seres sintientes damnificados; una brigada oficial de rescate animal de Protección Civil para desastres naturales; y que la mochila de emergencia incluya también correas, carnet y alimento para el animal.
Si el artículo 7º dice que los animales son habitantes sintientes con derecho a protección especial, deben ser protegidos también cuando Ensenada se enfrenta a un deslave, una inundación o un incendio.
Porque en la próxima emergencia la pregunta no será si llovió mucho. Será si respetamos nuestra propia Constitución o dejamos atrás a quienes dijimos que íbamos a proteger.
Movimiento Animalista de Ensenada.
Deja una respuesta