El Senado aprobó el pasado 29 de septiembre la nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales con 115 votos a favor. En el papel suena bien: reconoce a los animales como seres sintientes, crea un Registro Nacional de Animales de Compañía, un padrón de infractores, prohíbe la venta en tianguis y establece multas de hasta 200 mil pesos y 36 horas de arresto por maltrato.
Nadie en Baja California está en contra de proteger a los animales. El problema es cómo lo quieren hacer y lo que va a costar.
Es una ley centralista disfrazada de progresista. Con 125 artículos y cinco dominios de bienestar —nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental— obliga a nuestro estado a reescribir toda su legislación.
En Baja California ya tenemos reglamentos municipales, ley estatal (algunos cuyos artículos están obsoletos por no haber sido reformados), el artículo 342 del Código Penal de BC, el artículo 7º de la Constitución de BC y el artículo 4º de la Constitución Mexicana y, aun así, no hay avance real.
Ahora tendrán que armonizar todo, crear nuevos padrones, un Directorio de Criaderos y Albergues y una Estrategia Estatal sin un peso de presupuesto asignado. ¿De dónde saldrá el dinero? Del mismo municipio que no puede pagar el bacheo.
Luego está el famoso Registro Nacional obligatorio, el CURP para “mascotas”. En un estado fronterizo con más de 500 mil perros en situación de calle, pretender registrar a cada canino y felino es una fantasía burocrática.
No resolverá el abandono; solo creará un trámite más para el ciudadano responsable que sí vacuna y esteriliza, mientras en los centros de control animal siguen sacrificándose mensualmente cientos de animales sanos por falta de espacio y recursos. Castiga al bueno y no alcanza al malo.
Y no podemos ignorar la hipocresía del artículo 78. La ley dice proteger a todos los animales, pero a última hora, tras reunirse con Tauromaquia Mexicana, dejó en manos de los estados las corridas de toros y peleas de gallos.
Para el canino de casa habrá registro federal, para la tauromaquia hay fuero estatal. Es una ley selectiva y a modo.
En Baja California vivimos otra realidad: sobrepoblación en centros de control, cruza ilegal fronteriza y rescatistas que hacen el trabajo del gobierno con recursos propios.
Esta ley no los fortalece; los obliga a registrarse en un directorio nacional y a cumplir requisitos impagables. En lugar de apoyarlos, les pone trabas.
No estamos en contra del bienestar animal. Estamos en contra de una ley hecha al vapor, sin consultar a los estados, que criminaliza al tutor común y perdona a los grandes intereses.
Si de verdad quieren proteger, que primero garanticen presupuesto para esterilización masiva en colonias marginadas y abran los santuarios que por obligación le corresponden al Estado.
Movimiento Animalista de Ensenada.
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