Pluma de Neófito | Baja California: ¿un cementerio?

«Vivimos en un mundo donde los poderosos mienten,

nosotros sabemos que mienten,

ellos saben que sabemos que mienten,

pero aun así todos fingimos que todo es normal».

– Adam Curtis.

Como suelo mencionar, años de observación y análisis del proceder de las autoridades estatales en Baja California ante los embates del crimen organizado, me han permitido desarrollar diversas formas de lectura de los hechos, es por ello que comparto con ustedes mis conclusiones.

La omisión del Estado en el combate legal al crimen organizado merma su autoridad formal y deslegitima el ejercicio del poder. Esa debilidad institucional fomenta la impunidad, la ineptitud y la corrupción, vicios que a su vez minimizan aún más el respaldo ciudadano. En consecuencia, un régimen despojado de legitimidad queda expuesto a ser desplazado del poder, ya sea por las urnas, las armas o la resistencia civil.

Debido a todo lo anterior, la frase de Adam Curtis divulgada en octubre de 2016, como el lema central de su aclamado documental de la BBC «Hyper Normalisation» adquiere mayor fuerza que nunca, y más en tiempos electorales no solo en la entidad sino en todo México.

Por otra parte, de acuerdo con las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Baja California se han registrado un total de 19,848 homicidios dolosos con arma de fuego entre enero del 2019 hasta agosto del 2026, por lo tanto, resulta obvio plantear la siguiente pregunta: Baja California: ¿un cementerio?

También, con base en la información publicada por el SESNSP el comportamiento anual, del 2019 al 2026 dicha actividad criminal se registró de la siguiente forma:

2019: 2,425 homicidios;
2020: 2,938 homicidios;
2021: 3,248 homicidios (Año con la mayor incidencia registrada);
2022: 2,925 homicidios;
2023: 2,653 homicidios;
2024: 2,450 homicidios;
2025: 1,836 homicidios (Mayor caída porcentual del periodo, con -25%) y
2026 (enero – agosto): 904 homicidios.

Como podrá observarse en la lista, los homicidios en Baja California han descendido, pero esto no significa que la caída obedezca a verdaderas acciones del gobierno estatal actual para lograrlo, de esto hablaré más adelante, por el momento quedémonos con la cifra principal: 19,848 homicidios en tan solo ocho años.

Dicho con otras palabras: en sólo ocho años Baja California aportó a la lista roja de personas asesinadas más de 19,000 casos que, en sí mismos, son personas con nombres y apellidos que tenían cónyuges, padres, madres, hijos, nietos, abuelos, en fin, eran seres humanos dedicados a una actividad productiva.

Estos números eran19,848 seres humanos con nombres y apellidos que desgraciadamente ya no están con los suyos porque, sus vidas. fueron arrebatadas vilmente por asesinos que, lamentablemente, aún están deambulando en las calles cuando deberían estar en prisión y todo esto, como resultado de la ilegitimidad de los gobiernos de Jaime Bonilla Valdez y Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Tal vez estoy equivocado, ¡Dios quiera que lo esté! Ojalá las autoridades estatales ya tengan encerrados en la cárcel a más de 19,000 homicidas y los bajacalifornianos aún no estamos enterados de semejante labor.

Pero lo que sí es real es: durante los gobiernos de Jaime Bonilla Valdez y Marina del Pilar Ávila Olmedo estos 19,848 seres humanos, para ellos solo fueron y siguen siendo cifras; sin embargo, lo más humillante de todo es que, cínicamente, estas víctimas están siendo utilizadas como herramientas y armas políticas para obscurecer la conciencia de un pueblo.

Quieren hacernos creer que las cosas en la entidad están marchando bien pero no, las cosas no pueden estar marchando bien en nuestro estado cuando, los números hablan de otra realidad; aunque digan que los homicidios están descendiendo, de todas formas 19,848 bajacalifornianos fueron acribillados y esto, mis queridos lectores, solo habla de 19,848 cuerpos que fueron encontrados pero faltan los que no aparecen, los de aquellos que fueron desaparecidos por los cárteles criminales que operan en Baja California, definitivamente esto no debería ocurrir porque jamás debió existir una cifra de asesinatos que presumir si las cosas se hubieran hecho bien desde el principio.

Si algo debo reconocerle al gobierno estatal es que, efectivamente, como informó en días pasados Marina del Pilar Ávila Olmeda, los homicidios en la entidad han disminuido de forma considerable. Pero, y este «pero» tiene una «o» muy larga y amplia, los asesinatos han bajado en la entidad no necesariamente por la eficiencia y eficacia de las autoridades estatales y municipales encargadas de prevenir dicho delito en las calles de la entidad.

Resulta importante recordar lo siguiente: en dos ocasiones Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció a los medios de comunicación lo siguiente:

Primera: Reportó la reducción del 48%: en el promedio diario de homicidios dolosos (comparando septiembre de 2024 con julio de 2026); el anuncio fue emitido el martes 11 de agosto de 2026. Ávila Olmeda lo dio a conocer a través de un comunicado de prensa oficial del gobierno del estado y mediante sus plataformas y redes sociales.
Segunda: Informó la reducción del 41,2% en el promedio de casos diarios (tomando como base el inicio de la estrategia nacional en septiembre de 2024). La información fue enviada el martes 8 de septiembre de 2026, mediante un comunicado de prensa derivado de las conclusiones y acuerdos alcanzados durante la sesión de la Mesa de Seguridad y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California.

De igual manera, el mismo martes 8 de septiembre del 2026, el gobierno federal comunicó que, la entidad registró una disminución del 17.9% (acumulado anual) en el promedio diario de homicidios dolosos; porcentaje obtenido al contrastar los datos del período de enero-agosto de 2026 contra el mismo lapso del 2025. Cabe destacar que la información de homicidios diarios en la entidad es responsabilidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California (FGJEBC).

Hasta aquí la primera mandataria estatal podría asegurar que todo esto es el resultado de legítimas acciones de gobierno contra la violencia y el crimen organizado, sin embargo, existen organizaciones como el «Consejo Ciudadano Para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C» que están en pleno desacuerdo.

Durante años la citada organización con sede en México, ha publicado anualmente su informe titulado: «Ranking de las 50 Ciudades más Violentas del Mundo» y se ha posicionado en torno a la reducción de la violencia y el crimen organizado, asegurando que: «Las reducciones en los índices de homicidios no son estructurales ni sostenibles si solo se deben a treguas pactadas u operaciones de cárteles, y no a una aplicación efectiva de la ley».

La postura clave de dicha agrupación señala lo siguiente: «Las políticas que evitan combatir frontalmente a los grupos criminales como el CJNG, permiten que las organizaciones criminales operen con total impunidad y esto provoca que las tasas de violencia se mantengan o escalen de forma artificial en lugar de solucionarse de raíz».

En el mismo orden de ideas, la mencionada ONG sostiene que existen falsas reducciones y advierte: «Cuando un gobierno anuncia bajas en la criminalidad en zonas con fuerte presencia de delincuencia organizada, muchas veces estas disminuciones no responden a un logro institucional, sino a que un grupo criminal ha exterminado o subyugado a sus rivales, imponiendo un monopolio de la violencia temporal, o bien a la manipulación y falsificación de cifras oficiales de homicidios por parte de las fiscalías».

Con respecto a la obligación de las autoridades afirma: «La única vía real para pacificar las urbes es que los gobernantes cumplan con su deber jurídico de arrestar a los homicidas y desmantelar los esquemas de extorsión y narcotráfico, rechazando cualquier tipo de amnistía o pasividad gubernamental hacia el crimen organizado». Esta información y más puede verificarse en la página oficial del «Consejo Ciudadano Para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C».

Por su parte, Ávila Olmeda aseguró ante la prensa, el día lunes 2 de marzo de 2026 para ser preciso, que los hermanos Arzate García ya no vivían en el estado y solo acuden de forma ocasional, esto al responder a cuestionamientos sobre los señalamientos e investigaciones de Estados Unidos.

Dicha declaración la efectuó como una dinámica en atención a medios de comunicación. La mandataria estatal emitió estas declaraciones para rechazar y calificar como «politiquería» los señalamientos y vínculos que se le intentaban hacer a su administración tras la ampliación de cargos por narcoterrorismo y el anuncio de recompensas millonarias por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de René Arzate «La Rana» y Alfonso Arzate «Aquiles». Asimismo, argumentó que estos personajes son rastreados por las autoridades desde hace 15 años y que no residen permanentemente en territorio bajacaliforniano.

Dicen que en política, periodismo y comunicación no existen las casualidades sino mejor dicho las causalidades, de tal forma que, durante el 2026 los homicidios con arma de fuego se han comportado de la siguiente forma: 72 en enero, 73 en febrero, 84 en marzo, 61 en abril, 69 en mayo, 90 en junio, 69 en julio y 81 en agosto y sí, puede observarse una ligera reducción en dichos crímenes con respecto al mismo período del 2025 que arrojó las siguientes cantidades: 133 en enero, 99 en febrero, 97 en marzo, 72 en abril, 73 en mayo, 95 en junio, 88 en julio y 82 en agosto.

Ante semejante escenario de violencia, es importante analizar la información anterior:

Por una parte, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. establece que la reducción de la violencia o los índices de la violencia en una zona determinada obedece a tres fenómenos:

El control casi absoluto de un cártel en una zona donde antes se disputaba un conflicto entre grupos criminales opuestos.
A un posible contubernio entre el grupo criminal dominante en la zona y los gobiernos estatales y municipales.
A un posible maquillaje de cifras por parte de las fiscalías estatales.

Por otra parte, las declaraciones de Marina del Pilar Ávila Olmeda:

El lunes dos de marzo del 2026 enfatizó: «René Arzate «La Rana» y Alfonso Arzate «Aquiles» ya no están en Baja California» destacando que: «Dichas personas solo vienen a Baja California de forma ocasional». Resulta importante afirmar que, lo anterior, en el argot criminal, se puede interpretar de la siguiente forma: «‘El Rana’ y ‘El Aquiles’ ya se rindieron, abandonaron la plaza, dejaron bajo nuestro control la zona, el terreno ya no está caliente».
Los días martes 11 de agosto y martes 8 de septiembre anunció categóricamente con bombo y platillo que, en la entidad, los homicidios disminuyeron 48% y 41.2%. Cabe aclarar que esta información fue utilizada, por Ávila Olmeda, solo con fines políticos para desviar la atención de los ciudadanos, torno a los conflictos que actualmente enfrenta con el gobierno de Estados Unidos.
El martes 8 de septiembre, fue anunciado a nivel federal que, Baja California registró una disminución del 17.1% (acumulado anual) en homicidios dolosos con arma de fuego.

De ahí que, empalmando estos escenarios es necesario plantear las siguientes preguntas:

¿Para qué, Ávila Olmeda informó enfáticamente que los principales operadores del Cártel de Sinaloa, los hermanos René Arzate «La Rana» y Alfonso Arzate «Aquiles», abandonaron la plaza?
¿Por qué la gobernadora del estado politizó la reducción de los homicidios en la entidad en tiempos electorales?
¿Qué tan cierto es que el CJNG y su aliado CAF ahora conocido como CTNG están controlando la plaza y tienen profundos nexos con políticos y políticas de la entidad?
¿Será verdad que la reducción de los homicidios en Baja California son producto de acciones reales del gobierno?
¿Qué tan probable o posible es que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California maquille la información sobre todo en tiempos electorales?

Por último y a manera de conclusión:

Espero que no me denuncien por violencia política de género solo por verter mi opinión; pero con respecto a la pregunta inicial: Baja California: ¿un cementerio? Puedo asegurar que sí, que nuestro estado es un cementerio producto de la corrupción e impunidad y, sobre todo, del contubernio entre las autoridades estatales y municipales con el crimen organizado.

Ahora bien, y como dijo cantinflas: ¡Ahí está el detalle joven! No entiendo quién estará pior (y digo pior porque pior es peor que peor) si los gobiernos ilegítimos que hemos tenido durante estos últimos 45 años que permitieron y siguen permitiendo que, el crimen organizado actúe impunemente en Baja California, o los bajacalifornianos que ya estamos acostumbrados a escuchar en las noticias: «Durante el mes de agosto fueron asesinadas 81 personas». Entonces es cuando grito: ¡¡¡No son números!!! ¡¡¡Son seres humanos!!! ¡¡¡Por Dios, dense cuenta, están matando a seres humanos no a animales!!!

Por último, pregunto: ¿Cómo derrocaremos a los corruptos del poder? ¿En las urnas? ¿Con armas? o ¿con resistencia civil?

Entonces respondo: si no hemos podido derrocarlos en las urnas (a lo mejor por una gran indiferencia al dolor ajeno, tal vez por negligencia o quizás por cobardía,) los bajacalifornianos jamás nos atreveremos a destituirlos por otros medios.

Pero en fin mi estimada audiencia, como siempre, ustedes tienen la última palabra.