Documentos oficiales y registros históricos mantienen referencias a los terrenos del Parque de la colonia Ampliación Moderna como áreas destinadas a parque, parque infantil o donación al Gobierno del Estado, antecedentes que vecinos y defensores piden sean revisados ante la actual disputa por la posesión de los predios.
Uno de los documentos citados corresponde al Periódico Oficial de Baja California del 20 de noviembre de 1958. Según la documentación presentada por los vecinos, el acuerdo que autorizó el fraccionamiento estableció una donación de 27 mil 246.17 metros cuadrados para servicios públicos y condicionó la expedición de títulos de propiedad al cumplimiento de esa obligación.
A la cadena documental se suman referencias posteriores. De acuerdo con los antecedentes expuestos por Dina Montoya, documentos de 1968, 1974, 1987, 1990 y 2013 identifican terrenos de las manzanas 407 y 417 con términos como “parque”, “parque infantil” y “donación al Gobierno del Estado”.
La situación ya había sido reconocida en documentos y pronunciamientos municipales. En septiembre de 2023, el Cabildo ratificó por unanimidad el uso de suelo como parque infantil de los predios AM-407-000 y AM-417-012, y exhortó al Gobierno del Estado a reconocer la donación. (Uniradio Baja)
En abril de 2024, el Ayuntamiento informó que los predios mantenían uso de suelo para área recreativa y que no había otorgado permisos para construir viviendas. También señaló que registros del Periódico Oficial y del Registro Público los identificaban como donación al Gobierno estatal y parque infantil, respectivamente. (Ensenada)
El antecedente registral también ha sido motivo de controversia desde años anteriores. En 2014 se documentó que los predios habían aparecido durante décadas a nombre del Gobierno del Estado y como parque público en registros municipales, antes de que se modificara esa información catastral. (Semanario ZETA)
Ante este contexto, Montoya pidió esclarecer qué documentos fueron incorporados y valorados dentro del procedimiento judicial que derivó en la entrega de la posesión a un particular. La defensora planteó revisar específicamente el origen de la obligación de donación y su eventual formalización, modificación o extinción.
La disputa también tiene una vertiente penal. El 17 de agosto de 2026, vecinos y defensores denunciaron haber sido citados a audiencia por acusaciones relacionadas con despojo, daños en propiedad ajena, robo y resistencia a la autoridad. Montoya sostuvo entonces que los planos y antecedentes documentales respaldan el carácter público de los terrenos. (Hiptex)
Hasta ahora, los documentos y antecedentes consultados acreditan que existe una controversia histórica sobre el destino, registro y posesión de los predios, pero no permiten establecer por sí mismos si la obligación de donación de 1958 fue jurídicamente perfeccionada, modificada o extinguida. Ese punto requiere determinarse mediante la documentación registral y las resoluciones judiciales correspondientes.
Fuente: Documentación vecinal y Ayuntamiento de Ensenada.
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