La audiencia judicial contra tres personas vinculadas con la defensa del Parque de la Ampliación Moderna fue diferida por segunda ocasión, debido a que el defensor público asignado a dos de los imputados no contaba con la carpeta de investigación, informó el abogado Ramón Campos Bueno.
De acuerdo con el litigante, la falta del expediente impedía que el defensor público asumiera adecuadamente la representación de los acusados. La nueva audiencia quedó programada para el 9 de septiembre a las 11:00 horas, mientras continúa el conflicto jurídico por la propiedad y destino del espacio.
El caso tiene como antecedente una disputa que se remonta a septiembre de 2023, cuando vecinos denunciaron el desalojo del parque después de un procedimiento judicial relacionado con la propiedad del terreno. Desde entonces, habitantes y activistas han buscado preservar el espacio utilizado durante décadas como área recreativa.
Los predios que integran parte del parque fueron contemplados como área destinada a parque infantil desde la autorización del fraccionamiento Ampliación Moderna, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 20 de noviembre de 1958. El antecedente también aparece en registros citados posteriormente por autoridades municipales y documentos legislativos.
En 2023, el Ayuntamiento de Ensenada ratificó el uso de suelo como parque infantil para dos de los predios involucrados, con superficies de 910.10 y 989.80 metros cuadrados. El acuerdo municipal también planteó que el Gobierno del Estado realizara las acciones necesarias para formalizar la donación señalada en los documentos históricos.
Sin embargo, el propio Ayuntamiento había señalado previamente que los terrenos no formaban parte de su patrimonio y que, de acuerdo con los antecedentes localizados, aparecían relacionados con el Gobierno del Estado. La falta de formalización de esa situación jurídica ha sido señalada como uno de los factores centrales del conflicto.
Según Carlos, uno de los activistas que participa en la defensa del parque, durante la revisión de documentos históricos no fueron localizados algunos registros que considera relevantes para establecer jurídicamente el origen y destino del inmueble, entre ellos una escritura de donación, planos y memorias descriptivas.
Esos señalamientos corresponden a los activistas y no constituyen, por sí mismos, una determinación oficial sobre la pérdida o inexistencia de documentos. La situación deberá establecerse mediante los archivos y procedimientos correspondientes, particularmente ante las instituciones responsables de la documentación registral y notarial.
La disputa derivó posteriormente en una denuncia por despojo contra tres personas relacionadas con la defensa del predio. Los acusados sostienen que su participación está vinculada con las acciones emprendidas para preservar el espacio y cuestionan que existan elementos suficientes para llevar el caso a una vinculación a proceso.
Campos Bueno sostuvo que, desde la perspectiva de la defensa, los datos de prueba presentados hasta ahora no serían suficientes para obtener una vinculación a proceso. Esa valoración corresponde a la estrategia jurídica de los imputados y deberá ser analizada por la autoridad judicial durante las etapas correspondientes.
El conflicto también ha generado cuestionamientos sobre la regularización de áreas destinadas originalmente a uso público. En julio de 2026, se informó que desde 1958 permanece pendiente la formalización de la donación de terrenos vinculados con el parque, situación que ha sido señalada como un factor de riesgo para su conservación.
Los antecedentes públicos muestran que la controversia no se limita a la actual causa penal. En 2023, vecinos ya habían denunciado la pérdida del acceso al parque y posteriormente el Cabildo intervino para ratificar su uso de suelo, mientras que distintas instancias han reconocido la existencia de antecedentes que vinculan los terrenos con un destino recreativo.
Los activistas también han planteado que el caso debe analizarse dentro del problema de disponibilidad de áreas verdes en Ensenada. La cifra de 2.1 metros cuadrados por habitante mencionada durante la protesta no fue localizada en una fuente oficial reciente con esa misma medición, por lo que requiere contraste antes de presentarse como dato vigente.
Mientras continúa el procedimiento penal, permanece pendiente determinar jurídicamente la situación del predio y establecer qué derechos corresponden a las partes involucradas. La siguiente audiencia está prevista para el 9 de septiembre, de acuerdo con la información proporcionada por la defensa.
La controversia acumula así dos dimensiones distintas: una causa penal contra tres personas y una disputa de carácter patrimonial y urbano que se arrastra desde hace décadas. Los antecedentes disponibles muestran que la condición del parque como espacio recreativo fue reconocida administrativamente, pero su situación jurídica patrimonial no ha quedado resuelta de manera definitiva.
Fuente: Defensa de los imputados y activistas del Parque de La Moderna.
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