Dos demandas de amparo indirecto promovidas por los abogados Mario Villalvazo Falcón y Carlos Adrián Becerra Santamaría en favor del exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, muestran la ruta jurídica que siguió su defensa para localizarlo tras su detención, luego de que durante varias horas ni sus abogados ni sus familiares lograran establecer comunicación con él.
Documentos obtenidos por Argumento Noticias revelan que los recursos fueron presentados en distintos estados conforme la defensa tuvo conocimiento de los movimientos de la autoridad, con el objetivo de que jueces federales ordenaran su localización y garantizaran el contacto con su familia y su equipo legal.
El primer juicio de amparo fue promovido por Mario Villalvazo Falcón y Carlos Adrián Becerra Santamaría ante un Juzgado de Distrito con residencia en Tijuana alrededor de las 18:00 horas del Pacífico (19:00 horas del centro del país), cuando, de acuerdo con los promoventes, ninguna persona había podido comunicarse con el exgobernador ni conocer con certeza dónde se encontraba.
En ese recurso se reclamó, entre otros actos, la emisión y ejecución de la orden de aprehensión, la privación de la libertad, la presunta incomunicación, la negativa de permitir contacto privado con abogados y familiares, la falta de información sobre su ubicación, la interrupción de su tratamiento médico y un eventual traslado fuera de Baja California.
Horas después, una vez que la defensa confirmó que Ruffo Appel había sido trasladado al Estado de México, Carlos Adrián Becerra Santamaría promovió un segundo amparo, ahora ante un Juzgado de Distrito en Materia Penal con residencia en Toluca.
Ese recurso fue presentado alrededor de las 5:00 horas del Pacífico (6:00 horas del centro del país). Según el promovente, al momento de su presentación tampoco existía comunicación alguna entre el exgobernador y sus familiares o defensores, por lo que solicitó la intervención urgente del Poder Judicial de la Federación conforme al artículo 15 de la Ley de Amparo.
En ese escrito se señaló que Ruffo Appel permanecía privado de la libertad e incomunicado, sin posibilidad de informar su ubicación, su estado físico o su situación procesal. Además, se hizo constar que el exgobernador tiene 74 años de edad, padece hipertensión arterial, fue sometido a una cirugía de cadera y requiere medicamentos de manera permanente, circunstancias que, a juicio de la defensa, justificaban la urgencia de la intervención judicial.
Las capturas del sistema del Poder Judicial de la Federación confirman que ambos juicios fueron presentados el 17 de julio de 2026. El promovido en Tijuana quedó registrado bajo el expediente 630/2026, mientras que el presentado en Toluca fue identificado con el expediente 772/2026.
De acuerdo con la información proporcionada por los abogados, fue durante el desarrollo de la audiencia inicial cuando, como consecuencia del segundo juicio de amparo, un actuario del Poder Judicial de la Federación acudió al Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, para localizar al exgobernador y hacer efectiva la protección solicitada, más de ocho horas después de que el recurso había sido promovido.
La cronología resulta relevante porque establece que ambos amparos fueron promovidos antes de que los abogados o la familia tuvieran cualquier contacto con Ruffo Appel. Esta secuencia difiere de versiones publicadas por algunos medios de comunicación que ubicaron la presentación del segundo recurso cuando la audiencia ya había iniciado, lo que podría generar la impresión de que la alegada incomunicación carecía de sustento. Los documentos consultados muestran que, al momento de promover ambos juicios de amparo, la defensa sostenía que desconocía el paradero y la situación procesal de su representado.
Posteriormente, la Fiscalía General de la República informó que obtuvo la vinculación a proceso de Ernesto Ruffo Appel y de los demás imputados, además de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, tras una audiencia que se prolongó durante más de un día.
Aunque la presentación de los amparos no acredita por sí misma que las violaciones denunciadas hayan ocurrido, los documentos muestran el trabajo realizado por Mario Villalvazo Falcón y Carlos Adrián Becerra Santamaría para seguir el rastro jurídico del exgobernador desde Baja California hasta el Estado de México, con el propósito de obtener, mediante la intervención de jueces federales, comunicación entre Ruffo Appel, su familia y su equipo de defensa, así como garantizar el respeto a sus derechos procesales.
Foto: Cortesía Border Zoom.
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