Por: Sheila Delhumeau Rivera*
El 21 de junio se cumplirán cinco años de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Baja California, aceptada por el gobierno estatal a partir de un diagnóstico interinstitucional lidereado por CONVIM, a partir de la solicitud elaborada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de la entidad ante el incremento de los feminicidios en la entidad. Esta fecha nos invita no sólo a recordar el camino recorrido, sino a preguntarnos cuáles han sido los cambios y cómo estamos evaluando los resultados de una política pública reivindicativa de derechos humanos fundamentales.
Es de reconocer la postura del gobierno de Baja California desde el inicio de este proceso, mostrando su disposición para asumir la situación en que se encontraban las mujeres al aceptar la declaración de la AVGM por feminicidios. En estos casos, los gobiernos por lo general tratan de evitar la declaratoria, por lo efectos que pueda tener en la percepción externa, afectando actividades económicas y turísticas.
El proceso que derivó en la declaratoria contó con la participación de instituciones gubernamentales, organismos autónomos, academia y organizaciones de la sociedad civil, conforme a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (publicada originalmente en 2007). Estas conformaron un grupo de trabajo para dar seguimiento a las recomendaciones de la Alerta y evaluar los informes del gobierno estatal. Durante los primeros años el grupo de trabajo mantuvo una dinámica activa de seguimiento y diálogo interinstitucional, como puede verse en las Minutas públicas de sus reuniones en la página oficial de la Alerta en internet. Aún en medio de un proceso de aprendizaje sobre las acciones a emprender y la implementación de la perspectiva de género, es indudable el esfuerzo que se percibe en las autoridades estatales y municipales para responder al compromiso establecido.
Sin embargo, la AVGM no tiene como fin la creación de protocolos, informes o reuniones; estos son instrumentos para llegar a un propósito final: reducir la violencia, garantizar el acceso a la justicia y mejorar las condiciones de vida y seguridad de las mujeres. Ahí es donde surgen las preguntas más importantes.
¿Perciben las mujeres un impacto real en su vida cotidiana a partir de la alerta? ¿Se sienten más seguras que hace cinco años? ¿Confían más en las instituciones encargadas de protegerlas? ¿Reciben respuestas más oportunas cuando denuncian violencia? ¿Existe una percepción social de mejora?
Las respuestas no son claras.
Una encuesta realizada por la Universidad Autónoma de Baja California a dos años de la declaratoria mostró que más de la mitad de las personas encuestadas desconocían la existencia de la alerta y no percibían cambios significativos en la seguridad cotidiana de las mujeres. Este tipo de hallazgos invita a reflexionar sobre la distancia que puede existir entre la implementación de una política pública y su reconocimiento o impacto social.
Un desafío más que se ha enfrentado tiene que ver con la continuidad institucional misma. Los actores políticos que declararon la Alerta ya no están; las instituciones que llevaban el seguimiento y evaluación de la Alerta ya son otras. El cambio en la presidencia de 2024 trajo consigo cambios en las instancias federales encargadas del seguimiento de la AVGM, con la transición de competencias hacia la nueva Secretaría de las Mujeres y los relevos administrativos asociados al cambio de gobierno. Esto ha generado incertidumbre respecto a los mecanismos de evaluación y acompañamiento. Específicamente en la AVGM de Baja California, desde hace meses los espacios de seguimiento que fueron dinámicos y permitieron el diálogo entre instituciones, academia y sociedad civil han disminuido su actividad y permanecen sin convocarse.
Esto no significa que las acciones gubernamentales hayan desaparecido. En medio electrónicos se puede observar que las autoridades estatales de manera intermitente continúan reportando avances y mantienen el tema en la agenda pública. El problema es otro: existe poca claridad sobre cuáles medidas están produciendo resultados, cuáles requieren ajustes y cuáles no están logrando los objetivos esperados, ya que los mecanismos de revisión y seguimiento atraviesan actualmente un periodo de incertidumbre y limitada actividad.
La situación resulta particularmente relevante cuando observamos que las expresiones de violencia contra las mujeres siguen generando preocupación social. Las denuncias por violencia familiar continúan siendo elevadas; colectivos, organizaciones y familiares de víctimas siguen señalando dificultades en el acceso a la justicia. Asimismo, persisten debates públicos sobre la clasificación de los asesinatos de mujeres y el uso de las categorías estadísticas relacionadas con el feminicidio. Estas discusiones reflejan una demanda legítima de transparencia, claridad y rendición de cuentas.
Es por esto que a cinco años de la declaratoria, para quienes hemos acompañado este proceso desde el inicio la pregunta central no es cuántas acciones se han realizado, sino cómo estamos evaluando sus resultados y hacia dónde vamos. Una alerta de violencia de género no se mide únicamente por el cumplimiento administrativo de recomendaciones, sino a partir de cambios concretos en la vida de las mujeres, en su percepción de seguridad, en su confianza hacia las instituciones y en el acceso efectivo a sus derechos. Es decir, de la apreciación de el inicio de un cambio cultural.
La AVGM es un mecanismo extraordinario para impulsar transformaciones profundas, de largo alcance y de largo plazo. Baja California necesita abrir una nueva etapa basada en la evaluación pública, la continuidad institucional y la participación activa de la sociedad, la academia y las propias mujeres.
A cinco años, habiendo sido testigo del compromiso institucional que permitió la inclusión de las medidas en las acciones gubernamentales, enfrentando las dificultades de un sistema político tradicional ante un cambio de paradigma, quiero invitar a que con honestidad valoremos lo que se ha alcanzado, lo que está pendientes y lo que puede ser posible construir para los próximos cinco años.
Porque Baja California sigue en Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por feminicidio, y en manos de las autoridades está garantizar el conocimiento público de lo alcanzado y garantizar su continuidad y evaluación social de las acciones emprendidas.
Necesitamos saber si las mujeres de Baja California viven hoy una realidad distinta gracias a ella.
*Sheila Delhumeau Rivera es una académica e investigadora mexicana de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), especializada en ciencias sociales, políticas públicas, comunicación, participación ciudadana y estudios de género. Es doctora en Ciencias Sociales por El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) y ha desarrollado una destacada trayectoria en docencia e investigación, con publicaciones y proyectos enfocados en la gobernanza, la igualdad de género, la cultura de paz y el desarrollo regional, particularmente en Baja California.
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